Ley de desperdicio alimentario
La ley de desperdicio alimentario es una de las novedades legislativas más destacadas de los últimos tiempos, porque implica que desde los Poderes Públicos se ha tomado conciencia de lo importante que es reducir el número de alimentos que tiramos a la basura. Y es que no podemos perder de vista el hecho de que los alimentos son un bien escaso y hay que sacarles todo el partido posible.
Aprobada la nueva ley contra el desperdicio alimentario
El pasado mes de junio se aprobó el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuya finalidad principal es reducir la cantidad de alimentos que acaban en la basura.
La tramitación parlamentaria ya está en marcha y se espera que la norma pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2023. Con medidas que afectarán de manera directa a las empresas, que deberán contar con un plan que les ayude a minimizar las pérdidas producidas por el desperdicio alimentario.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cada hogar tira a la basura una media de 31 kilos de alimentos por persona y año. Esto suma miles de kilos de comida que ha sido desechada.
Además de imponer obligaciones, la ley busca concienciar sobre la necesidad de aprovechar todo lo posible los alimentos. Si no son aptos para el consumo humano, pueden seguir siéndolo para el consumo animal.
Qué regula la ley de desperdicio alimentario
Dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se recogen varios objetivos en materia de desarrollo sostenible, y uno de ellos es el de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita a nivel mundial, tanto con respecto a los consumidores como en las cadenas de distribución.
El proyecto de ley de desperdicio alimentario que se está tramitando en España supone un avance en este sentido, estableciendo las bases para la prevención de dicho desperdicio y el establecimiento de una jerarquía de prioridades de uso.
¿A quién afecta la norma?
Tras su entrada en vigor, todos los agentes que intervienen en la cadena alimentaria (salvo los comercios de menos de 1300 metros cuadrados) tendrán la obligación de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio. Son las empresas las que tendrán que hacer un autodiagnóstico de su situación y fijar medidas para reducir las pérdidas.
La jerarquía de las prioridades es uno de los puntos claves de la norma. A la hora de darle un nuevo destino a los alimentos que no van a ser puestos a la venta en lo que podríamos considerar condiciones de normalidad, se va a primar siempre destinarlos al consumo humano, ya sea a través de la donación o de la redistribución de alimentos.
Para que esto sea posible, los agentes de la cadena de distribución deberán firmar acuerdos de colaboración con otras empresas, entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En todo caso se debe garantizar la trazabilidad de los productos que han sido donados.
El segundo orden de prioridades prevé la transformación de los alimentos en otros formatos que hagan óptimo su consumo. Por ejemplo, la fruta que está demasiado madura para venderla en el supermercado se puede convertir en zumos o en compotas.
Si el producto está en un estado en el que ya no es apto para el consumo humano, se destinará a la alimentación animal o la fabricación de piensos. En última instancia, se emplearán para compost o para hacer biocombustibles.
Por lo que respecta a los establecimientos de hostelería, estos tendrán la obligación de facilitar al cliente que pueda llevarse (sin ningún tipo de coste adicional) aquellos alimentos que no haya consumido. Siempre en envases reutilizables o fácilmente reciclables.
Sanciones en caso de incumplimiento
La implantación de las nuevas medidas va a traer consigo la regulación de un régimen sancionador aplicable a quienes no las cumplan.
No contar con el plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario se sancionará con una multa de entre 2001 y 60 000 euros, ya que se considera una falta grave. La comisión de dos o más faltas graves en un plazo de dos años, se considerará falta muy grave, y la multa en estos casos podrá oscilar entre 60 001 y 500 000 euros.
Por su parte, no aplicar la jerarquía de prioridades será considerado una falta leve y las multas pueden llegar hasta los 2000 euros.
Si para las empresas relacionadas con la alimentación siempre ha sido importante estar al tanto del estado de conservación de los alimentos, con la entrada en vigor de la ley de desperdicio alimentario lo será mucho más. Porque, en función de cómo esté el producto, habrá que darle un destino u otro atendiendo a la jerarquía de prioridades.
Si trabajas en este sector y necesitas contar con la ayuda de consultores en seguridad alimentaria o de un laboratorio de análisis de alimentos para proteger lo máximo posible la seguridad alimentaria, nos tienes a tu disposición.
Vicente de Pablos es Licenciado y Doctor en Veterinaria y Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Profesional especializado en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y la Salud Pública